Hacia un Parlamento Abierto en Panamá: Análisis y recomendaciones

Crisis de credibilidad de los Parlamentos de América Latina

Según estudios recientes de la ONU, el nivel de confianza de los parlamentos en África, Asia Oriental y la Unión Europea no supera el 40%, pero es en América Latina donde los números son mucho más bajos y preocupantes, ya que rayan en el 15% de aceptación ciudadana. El Informe Parlamentario Mundial del PNUD publicado en 2012 señala que “los parlamentos se enfrentan a tres presiones esenciales de parte de la ciudadanía:

1. Obtener información e influir en el trabajo parlamentario,
2. Lograr una mayor rendición de cuentas y receptividad de sus demandas y
3. Obtener servicios y resultados para satisfacer necesidades concretas.” 1

Para situar nuestra realidad particular dentro del contexto regional el estudio de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa revela que Costa Rica ha cumplido para el año 2016 con el 72% de los indicadores de sus índices de transparencia, mientas que Panamá ha cumplido solo con el 44%, por lo cuál somos el quinto país con más bajo índice de Transparencia Legislativa de la región.

Análisis situacional de la realidad panameña

Las estadísticas señalan con claridad que la ciudadanía tiene una percepción muy negativa de la Asamblea Nacional de Panamá y la descripción de sus componentes culturales mas evidentes oscila entre vocablos criollos como: “camarón legislativo”, “madrugonazo”, “pacto de pasillo”, “maletinazo”, “juegos con el quorum”, “transfuguismo”, “clientelismo”, entre otras.

Aunado a esta realidad, existe la sensación entre los ciudadanos más informados de que el Órgano Ejecutivo se ha convertido desde 1994 en quien realmente mueve los hilos de  conducción del congreso, para lo cual utiliza como herramienta de presión política el monopolio que ejerce sobre el presupuesto Nacional y el del propio hemiciclo legislativo, potenciando así la crisis institucional que atraviesa el país.

Es imposible dejar a un lado nuestro pasado reciente donde fue notable y vergonzoso los altos niveles de clientelismo donde diputados de todas las bancadas fueron salpicados con el lodo de la percepción de corrupción por contratos a empresas de familiares o cifras extraordinariamente altas y desiguales en partidas legislativas por mas de 400 millones de dólares que hasta el sol de hoy no han sido auditadas.

No es de extrañarse que luego de servir como observadores en las elecciones de Panamá en 2014, la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó en su informe que en nuestro país “el clientelismo político alcanzó niveles sin precedentes”.

¿Qué es Parlamento Abierto?

Frente a esta realidad, se ha desarrollado en los últimos años el concepto filosófico y pragmático de Transparencia Parlamentaria y Parlamento Abierto, sobre esta última nos parece muy adecuada la definición que nos brinda el Comité Económico para América Latina y el Caribe (CEPAL):

“Parlamento Abierto es un concepto derivado del de Gobierno Abierto. Es así como del mismo modo está basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen.

Se puede decir entonces que un parlamento abierto debiese rendir cuentas, propiciar el acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla. Asimismo, un parlamento abierto debiese procurar utilizar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el resto de la sociedad y generar espacios de participación que trasciendan lo informativo y permitan a la ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas.”

Se trata entonces de una política mundial que busca recobrar la confianza perdida entre ciudadanos y sus parlamentos, mediante la publicación detallada de información relevante, la implementación de mecanismos que permitan la rendición de cuentas y el aseguramiento de que las políticas públicas que emanen del parlamento estén en sintonía con la voluntad popular que los escogió mediante espacios institucionales de participación y consulta ciudadana.

El camino hacia un Parlamento Abierto plantea el compromiso institucional de cumplir con una serie de indicadores básicos que no deben supeditarse a la voluntad circunstancial del legislador; estos índices incluyen aspectos normativos que no existen actualmente en nuestro parlamento, como la publicación de una declaración juramentada del patrimonio y actividades económicas de los diputados, haciendo énfasis en su participación en temas que pudieran generar algún tipo de conflicto de interés.

En Panamá, los ciudadanos no tenemos acceso a información transparentada sobre nuestros diputados, tampoco se publican los temas a tratar en las sesiones de las comisiones, no existe registros de obsequios a los congresistas, ni publicación de llamados a concurso para su personal administrativo, la publicación de su presupuesto interno es escueta y no da lugar a la rendición de cuentas, todo esto corroborado en el Índice de Transparencia Legislativa 2016 de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.

Los avances en materia de apertura parlamentaria han sido en extremo lentos y se la ha otorgado un lugar si acaso secundario en la agenda estatal, esto a pesar de que el Gobierno de Panamá ha establecido compromisos internacionales en materia de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, puesto que desde 2013 formamos parte de la Alianza por un Gobierno Abierto,” espacio en el que se comprometió a “promover instituciones más eficaces, transparentes y responsables,” además es firmante de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana que en su último párrafo establece el compromiso de los Estados firmantes a “promover la participación ciudadana en la gestión pública”, según los principios orientadores contenidos en dicho instrumento normativo.

Recomendaciones

El 26 de octubre del 2016 distintas Organizaciones de Sociedad Civil de Panamá fueron convocadas por el PNUD y la Asamblea Nacional de Diputados en el marco del “Taller para el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana”. Las recomendaciones propuestas por las Organizaciones de la Sociedad Civil presentes fueron las siguientes:

1. Seminarios para los funcionarios de la Asamblea (principalmente de alto nivel)
   • Mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración
   • Mejores prácticas para la rendición de cuentas
2. Capacitación para la Sociedad Civil Organizada
   • Mecanismos para la formulación de propuestas, seguimiento
     (fiscalización)
3. Publicar la información con la regla de 7 días (mejor práctica internacional) entre el primer y segundo debate.
4. Elaboración de un Plan de Parlamento Abierto, en conjunto con la sociedad civil.
5. Modificaciones al reglamento interno donde se formalicen y desarrollen los mecanismos institucionales de participación ciudadana. Que el reglamento se modifique con la participación de la sociedad civil. Que se tomen en cuenta las mejores prácticas internacionales.
6. Calendario de agenda de trabajo, publicado a través de distintos medios. Actualizado regularmente.
7. Reestructurar la página web con mejores prácticas de experiencia de usuario e información disponible en formato de datos abiertos y visualización de datos.
   • Sistema de seguimiento de proyectos de ley, donde se publique proactivamente el estatus de los mismos. ¿En qué punto está la propuesta (anteproyecto, proyecto, 1er debate, 2ndo debate)?
   • Cuando el sitio web se reforme, que sea colaborativo con la sociedad civil, obedeciendo a lo que la ciudadanía necesite.
8. Sistema de Debate Previo, ver ejemplo de Colombia. Que todas las consultas queden registradas. Mecanismo de ponencias para propuestas.
9. Transparencia en las reuniones de comisión de presupuesto.
10. En los perfiles de los diputados. Que incluya sus declaraciones y asistencia.
11. Tope para la reelección de los diputados con intervalos para poder reelegirse.

Vale la pena mencionar que todas estas recomendaciones van acompañadas del buen uso de la Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para la difusión de la actividad legislativa y una permanente interacción consultiva y participativa con la ciudadanía.

Conclusión

En el marco del Tercer Plan de Acción de Panamá de la Alianza de Gobierno Abierto se
estableció una mesa de transparencia legislativa donde sociedad civil y funcionarios de la Asamblea Nacional elaboraron algunos compromisos que constituyen un avance en esta materia y que fueron de hecho aceptados por la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El compromiso está redactado de la siguiente manera: “Realizar un estudio con la sociedad civil para presentar mejoras al proyecto de ley 423 del 10 de enero de 2017, que reforma el reglamento interno de la Asamblea Nacional”. La firma de este compromiso abre una nueva oportunidad, (esperemos que esta vez no quede en poesía o letra muerta) para concretar cambios transformadores hacia una cultura democrática participativa y transparente.